El decreto 41/1 del Gobierno provincial por el que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, designó al ex mandatario José Alperovich como asesor ad honorem del Poder Ejecutivo -con rango de ministro- y que recién ayer fue publicado en el Boletín Oficial, se ha constituido en el episodio revelador de una inexplicable oscuridad y desaprensión con la que la administración parece manejar los instrumentos jurídicos que propiamente genera, además del incalificable daño que provocó al orden jurídico y a la institucionalidad, toda vez que fue emitido en el inicio de la presente gestión y se mantuvo en secreto, sin que fuera dado a publicidad, como manda la legislación vigente.

El incumplimiento de la ley por parte de las mismísimas máximas autoridades -hecho graves y alarmante si lo hay- es a todas luces otro baldón que afecta los principios republicanos y la calidad democrática de Tucumán.

Firmado por el gobernador Manzur y por su ministro de Gobierno, Regino Amado, el 29 de octubre de 2015 -el día de la asunción de las nuevas autoridades- fue mantenido herméticamente bajo llave hasta que una investigación de LA GACETA puso al descubierto la maniobra. La falta de publicidad de la iniciativa, que provocó una airada reacción de la opinión pública y de amplios sectores políticos y sociales, fue justificada con expresiones inconsistentes por el responsable de la Secretaría General de la Gobernación, y luego, por el propio titular el Poder Ejecutivo.

Sobre el hecho de que el decreto no haya sido incorporado al Boletín Oficial, el secretario general manifestó que tenía entendido que “era usual que algunos decretos aparecieran y otros no”, al tiempo que Manzur consideró que debería ser habitual que un ex mandatario ayude a quien lo suceda en el cargo: “Se lo va a publicar ahora, son cosas normales; no sé”, insistió el mandatario, justificando la omisión jurídica.

Tampoco desde el Gobierno han accedido a analizar seriamente la presunta incompatibilidad que expone la designación de Alperovich, que como se conoce, ejerce el cargo de senador de la Nación y, que salvo una autorización expresa de la Cámara Alta, no estaría habilitado para desempeñar el cargo de asesor ad honorem.

Más allá de las calificaciones políticas o de las críticas que pudieran merecer este propósito transformado recién en las últimas horas en precepto legal, correspondería decir que ninguna justificación legalista podría llegar a considerarse suficiente para enmendar un traspié institucional de esta naturaleza, aun cuando se aguarda una explicación más acabada y rotunda de las más altas autoridades tucumanas.

Ocurre que nuevamente las instituciones tucumanas quedaron envueltas en el descrédito y la polémica y a merced de las críticas de la opinión pública del país.

Aún están presentes las palabras que el Gobernador pronunció durante el acto de asunción de su cargo ante la Legislatura provincial, cuando prometió no sólo promover una mayor transparencia en la gestión sino convertirla en un objetivo específico y trabajar en el fortalecimiento de las instituciones. Aquel compromiso público debería operar como un mandato ético y moral que repare la grave omisión en la que se ha caído al ocultar un instrumento jurídico de esta naturaleza. La transparencia es un requisito para la reforma del Estado y así se está planteando a nivel nacional con proyectos como el referido al acceso a la información. Sin tiempo para justificaciones, la sociedad tucumana merece una respuesta honesta y ajustada las leyes vigentes y a la Constitución.